Investigación indica que adultos mayores de Copiapó fueron citados a las dependencias médicas, las que no contaban con autorización para operar, lugar en que con sus huellas digitales se declararon una serie de prestaciones médicas que no se habrían realizado.
La Fiscalía de Atacama formalizó este lunes la investigación en contra del representante legal y kinesiólogo del centro médico Diagnocentro de Copiapó, esto por su posible responsabilidad en varios delitos de obtención fraudulenta de prestaciones estatales a partir de la declaración de atenciones y procedimientos médicos que, de acuerdo a lo indagado, no se habrían realizado.
Los antecedentes de la causa se conocieron en la audiencia pública en que se argumentó por parte del Ministerio Público que dicho recinto de salud solicitó, en noviembre del año 2017, autorización ante la Seremi de Salud de Atacama para la realización de procedimientos médicos no invasivos, petición que fue rechazada.
De acuerdo a los antecedentes, entre enero y marzo de este año 2018, el imputado declaró ante el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) el otorgamiento de consultas médicas, kinesiológicas y de fisioterapia; atención que se pudo comprobar no habían sido realizadas. Recibiendo por ello una subvención estatal de manera improcedente y mediante engaño que superó los tres millones de pesos.
La investigación del caso la dirige el fiscal Luis Miranda Flores, quien manifestó que para materializar la fraudulenta obtención de subvenciones por parte del Estado, el imputado se presentó en una asamblea de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Copiapó, instancia en que ofreció a los asistentes atenciones médicas y kinesiológicas gratuitas, debiendo antes de ello dejar la huella dactilar sobre un lector digital con que contaban el centro médico.
“Existen antecedentes que indican que con estas huellas se vendieron de forma reiterada bonos de atención de Fonasa a través del sistema electrónico IMED a distintos pacientes adultos mayores, a quienes no se les prestó atención médica ni tampoco se les efectuó un copago”, dijo el fiscal.
Miranda agregó que la inexistencia de las atenciones médicas se determinó a través de declaraciones de personas que efectivamente concurrieron al lugar y les fue tomada su huella digital, algunas de las cuales aseguran haber sido diagnosticadas con patologías traumatológicas inexistentes.
Por estos hechos, la Fiscalía solicitó en contra del imputado la medida cautelar de prisión preventiva, la cual no fue concedida por el Tribunal. Aplicándose la firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, mientras que a partir de esta audiencia el Ministerio Público tendrá un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Periodo en que el fiscal continuará desarrollando diligencias junto a personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, con la finalidad de reunir nuevos antecedentes y analizar peritajes que entreguen más información respecto a los delitos que actualmente se investigan.
